En octubre de 2012, el chavismo obtuvo su última victoria electoral con un moribundo gobernante que se creyó capaz de recrear la enorme leyenda del Cid Campeador, vencedor de los ejércitos enemigos incluso después de muerto. La efectiva desaparición del general Chávez Frías en marzo de 2013, el proceso sucesorio en hombros de su vicepresidente […]
Por Susana Mosquera Monelos. 27 marzo, 2014.En octubre de 2012, el chavismo obtuvo su última victoria electoral con un moribundo gobernante que se creyó capaz de recrear la enorme leyenda del Cid Campeador, vencedor de los ejércitos enemigos incluso después de muerto. La efectiva desaparición del general Chávez Frías en marzo de 2013, el proceso sucesorio en hombros de su vicepresidente Nicolás Maduro y el contexto de crisis constante que el país vive desde hace un año, acercan los hechos a Pirro y no al Cid, pues aquella victoria lograda sobre el sacrificio de salud de un moribundo Chávez, no solo no sirvió para apuntalar el régimen, sino también para unir a la oposición.
Los recientes hechos contra la diputada opositora María Corina Machado no son en realidad una novedad en el modelo de trabajo del régimen chavista, que tras una apariencia de legalidad esconde sutiles mecanismos de control, con propósito de facilitar que el poder ejecutivo pueda controlar a los otros dos poderes del estado, legislativo y judicial. De ahí la insistencia del régimen en impulsar el reconocimiento de mecanismos de creación de normas controlados por el ejecutivo, o la técnica de mantener un elevadísimo número de jueces en situación provisional para, de ese modo, controlar también la administración de justicia.
Hace ya muchos años que Venezuela, o mejor dicho que el gobierno chavista de la actual Venezuela, ha prohibido que observadores independientes de la OEA ingresen a realizar tareas de verificación del respeto hacia los estándares de protección de los derechos humanos dentro del aparato del estado. Quienes conocen la jurisprudencia de este alto tribunal sabrán que es una constante en su trabajo la crítica hacia el excesivo y expansivo control que las autoridades venezolanas ejercen sobre los otros sectores de la administración.
Ya en 2011 la Corte de San José analizó el proceso interno contra el candidato de la oposición, López Mendoza, -bajo custodia policial desde hace 5 semanas- para confirmar la existencia de una práctica de trabajo de la maquinaria pública que bloqueaba el derecho de este líder de la oposición a ser elegido, aplicando una sanción administrativa, no judicial, de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas impuestas por el Controlador General de la República.
Esa inhabilitación política, decidida por un órgano administrativo, es un escenario que acerca los hechos del caso López a lo que ahora está sucediendo con la diputada Machado. Esta se ha encontrado con que ha sido el Sr. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien le ha aplicado una sanción de separación de su cargo de representación popular, a raíz del intento de esta parlamentaria venezolana de intervenir ante la OEA para dar cuenta de los sucesos que afectan a la estabilidad política del país. Este es otro ejemplo que muestra el sistema cruzado de control político, administrativo y judicial que maneja el régimen y sirve como freno a las aspiraciones de la oposición política.
La diputada Machado tocó las puertas de las altas instancias internacionales sin mucho éxito, pero no por ese inicial tropiezo deberían, ella y el resto de la oposición, dejar de intentarlo pues parece que si algo puede llegar a cambiar en el escenario político venezolano será gracias al impulso conjunto que viene de la sinergia de fuerzas internas y externas.
Confiemos, por tanto, que no sea necesario esperar un desenlace trágico para que los organismos internacionales pongan en marcha esa responsabilidad de proteger que deben aplicar cuando las situaciones internas han escapado del control de los órganos del estado y, sobre todo, cuando están en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos.
